Las pruebas contra el fundador de la plataforma aumentan en la primera causa penal por delitos contra los derechos de los trabajadores.
El juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, que lleva a cabo la primera causa penal en España por los falsos autónomos contra Glovo, ha escuchado hoy nuevas pruebas. Se trata de cinco inspectoras de Trabajo de Badajoz, Cantabria, Salamanca y Oviedo, que han ratificado que la plataforma no contrató a los repartidores que fueron reconocidos como trabajadores por los tribunales. Las empleadas públicas, que investigaron si Glovo había regularizado o no a los empleados, han indicado que la empresa "no dio cumplimiento" a las sentencias judiciales firmes.
Se trata de un paso más contra la acusación que mantiene imputado por delito contra los derechos de los trabajadores al fundador de la compañía, Óscar Pierre. Este, a través de los representantes de Glovo, ha asegurado que no regularizaron a los trabajadores, ya que sí recibieron varios requerimientos de información a Glovo sobre los repartidores, pero que no se trataban de "órdenes concretas" sobre su contratación. En su defensa, aseguran que han modificado su modelo de negocio para ajustarlo a lo que ahora se conoce como Ley Rider.
La clave contra el fundador de Glovo es confirmar o no que mantuvieron el modelo de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo declarara esta relación laboral ilegal en 2020.
Esta nueva estrategia de la plataforma de repartidores ha tenido el visto bueno de la Audiencia Nacional con varias sentencias ya, aunque en otros procesos Glovo se sigue enfrentando a denuncias por varios frentes. El primero, al que se enfrenta su fundador por delito contra los derechos de los trabajadores, con dos riders afiliados al CGT como actuación particular. La clave contra el fundador de Glovo es confirmar o no que mantuvieron el modelo de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo declarara esta relación laboral en 2020. Algo que suprimiría, en la actuación de la fiscalía, los derechos laborales de los trabajadores de reparto.
Según los propios trabajadores, después de la aprobación de la Ley Rider, la empresa envió un formulario a los trabajadores para saber si querían ser contratados o no como plantilla. Quienes respondieron de forma afirmativa, fueron derivados a una empresa de trabajo temporal, que, según varios testimonios, nunca les ofrecieron nada en firme. Otros sí lograron un contrato, pero a través de la ETT como trabajadores de Glovo Express, plataforma para pedido exclusivo de supermercado propio.
Otro de los frentes abiertos contra Glovo es la demanda de Just Eat por competencia desleal. La plataforma de reparto de comida, que sí que cuenta con repartidores en plantilla, pide una compensación de 295 millones de euros. Además, la plataforma de Óscar Pierre se enfrenta al coste de las cotizaciones impagadas y multas que le ha impuesto la Inspección de Trabajo por 200 millones de euros.
Si te encuentras en una situación de precariedad laboral similar, y quieres reclamar tu indemnización como falso autónomo, no dudes en contactarnos porque te defenderemos. La justicia laboral es gratuita, y estamos aqui para ayudarte.